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domingo, 30 septiembre 2007

Irán a Corte Internacional víctimas de ‘guerra sucia’

Aleida Gallangos Beto Domínguez Alicia de los Ríos Alejandra junto a su madre, es la única fotografía de recuerdo familiar El padre de Alejandra, en el tiempo que pertenecía a la Brigada Roja Ricardo Dorado

Antonio Flores Schroeder La guerra sucia dejó en la sociedad mexicana una herida que no ha cicatrizado. Ahora familiares de las víctimas preparan un contraataque legal ante la Corte Internacional para tratar de poner fin a la impunidad que priva en sus casos. Apoyados en investigaciones propias y en un documental de Cristiane Burkhard, una periodista alemana que de manera independiente indaga otros casos similares, buscan encontrarse con la historia de sus padres, hermanos, hijos, que fueron desaparecidos durante los movimientos sociales de finales de los años sesentas y setentas. El próximo martes se conmemoran 39 años de la matanza del 2 de octubre ocurrida en la Plaza Tlatelolco, un crimen de Estado que no sólo marcó un parteaguas en el desarrollo político y social del país, sino que desencadenó la llamada guerra sucia a partir de 1968. Con este motivo Norte presenta a partir de hoy testimonios de quienes se niegan a olvidar su pasado, de aquellos que tratan de armar el rompecabezas de sus vidas. Aleida y Lucio... ¿Y sus padres? La de Aleida Gallangos es tan sólo una de muchas historias que bien podrían formar parte de un drama hollywoodense, un drama que tuvo un final descomunal tras encontrar vivo a su hermano después de 26 años. Todo comenzó en julio de 1975 cuando Roberto Gallangos y Carmen Vargas, acusados de pertenecer a la ‘Liga Comunista 23 de Septiembre’ fueron detenidos en medio de una balacera en la ciudad de México junto a sus hijos Aleida y Lucio, de dos y cuatro años respectivamente. De acuerdo a los expedientes abiertos a principios del sexenio del ex presidente Vicente Fox, el niño resultó herido de bala durante el arresto de sus padres, quienes desde ese día permanecen en calidad de desaparecidos. Archivos del Instituto Nacional de Pediatría, guarda información relacionada con un niño que ingresó el 17 de junio de 1975. El niño fue registrado con el nombre de Samuel y su ficha carece de fecha de nacimiento y apellidos y es el único de los expedientes de niños de entre tres y cinco años que ingresaron al hospital sin estos datos. La pequeña fue rescatada por Carlos Gorostiola, integrante de la Liga Comunista que era amigo de sus padres y era el único que conocía el paradero de Lucio, que había sido adoptado por una nueva familia bajo el nombre de Juan Carlos Hernández. Unos días después del incidente la entregó a su hermano Alejandro que murió en un enfrentamiento con la policía el 7 de agosto de 1976. Y entonces pasaron 26 inviernos. En septiembre de 2001 luego de que el gobierno federal abriera los expedientes de los desaparecidos políticos, Aleida, una eficiente estudiante que estudió ingeniera industrial en Ciudad Juárez, encontró una luz al final del túnel. “Cuando se abrieron los archivos fui la primera en ingresar, quería saber qué había ocurrido con mis padres, mi hermano, qué había pasado”, relata vía telefónica desde Virginia, Estados Unidos. No fue fácil hallarse con la imagen de su padre detenido y luego torturado. Hubo lágrimas, una revolución de sentimientos que sacudieron sus entrañas. Dice que fue un momento muy doloroso mientras su voz se disipa un poco a través de la línea. Asegura que no tiene palabras para describirlo pero se le insiste en recordar y lo hace poco a poco. “Me sentía conmocionada, ese día pasó todo por mi cabeza y es que lo que vi en los archivos cambiaron no sólo mi vida sino la de mi abuelita”, platica a través del teléfono con una suave voz. Aquello parecía un bombardeo de documentos, imágenes. Soldados, tanquetas, estudiantes, jóvenes detenidos por la Dirección Federal de Seguridad, por los agentes secretos. Era el México del pasado -recuerda-, el que muchos pretenden sepultar para que no se sepa la verdad. Luego desfilaron frente a sus ojos fotografías de cuerpos mutilados, ensangrentados, impunidad total. Su caso fue tomado por los medios de comunicación nacionales y pronto le dio la vuelta al mundo. Pasaron días en los que Aleida se preguntaba si su hermano estaba vivo o muerto, eran horas en los que su vida transcurría en blanco y negro. En febrero del 2004 encontró el expediente de adopción en una casa hogar. Nueve meses después Aleida halló una nueva pista. Surgieron posibilidades de que Lucio viviera en Washington y a falta de apoyo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado logró reunir dinero para viajar. Llegó a Estados Unidos el 14 de diciembre del 2004 y unos días después por fin abrazó a su hermano. “Fue la noche del 24 de diciembre, a las 7:00 p.m., hicimos una cita en un departamento en donde yo estaba”. Dice además con un cambio de voz muy perceptible, que ese día preparó tacos de carne molida con guacamole y otros antojitos mexicanos. Ese día el universo debió haber sido otro. Adaptarse a una nueva vida Para nadie es fácil borrar o cambiar treinta años de su vida. Al principio hubo dudas, problemas comunes que deja una herida como esta. Aleida y Lucio tuvieron que conversar horas enteras para reencontrarse. “Nos hemos acoplado y hasta trabajamos juntos. Yo vivo en Virginia y él en Washington, tenemos muchas cosas en común”, platica Aleida ya un poco más suelta y hasta dice que su caso es un ejemplo de unión familiar pues “hay muchos hermanos que viven juntos toda una vida y no se aprenden a querer, a respetar”. Ahora ambos trabajan juntos. Cada quien lleva una vida distinta pero procuran reunirse lo más seguido que pueden, dice como si quisiera recuperar de golpe esos años perdidos de esta dramática historia. Siguen sus papás... Un caso de éstos debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Y ahora se prepara para llevar el caso a otros niveles ya que el gobierno federal, desde su punto de vista, no quiere seguir no sólo con sus casos sino con el de los más de 600 desaparecidos de la guerra sucia. “El plan es llevarlo a la Corte Internacional para que lleve el asunto, no me voy a consolar con abogados que digan que el caso ya expiró o que los archivos están cerrados. Estamos agarrando fuera otra vez porque el siguiente año las cosas cambiarán”, adelanta a Norte. Explica que en el periodo del presidente Vicente Fox se le dio una oportunidad de abrir los documentos, “pero ahora con Calderón parece que los funcionarios se han puesto en la posición de “no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado”. Este sexenio no quiere nada y ya parece que lo está demostrando con el caso Echeverría, dice Aleida que asegura que las cosas van para atrás, ningún caso de los desaparecidos se ha resuelto. Y es que para los hermanos Gallangos es importante saber en dónde quedaron los cuerpos de sus padres, qué se hizo con ellos, quién los asesinó. Entonces vendrá otra revolución de sentimientos, dice. Perdió a tres hermanos La historia de Beto Domínguez es simplemente estremecedora. Vivió en carne propia los estragos de la guerra sucia. Fue testigo de los métodos de tortura que utilizó el Ejército Mexicano contra cientos de jóvenes que participaron en los movimientos estudiantiles de finales de los sesentas y durante la década de los setentas. Gabriel, uno de los líderes de un movimiento guerrillero que participó en la zona de las sierras de Chihuahua y Sonora, murió abatido luego de que fuera emboscado por un comando militar que había sido creado para eliminar a ‘la lucha’ en el norte de la república. “Fue en noviembre de 1974, ahí fueron emboscados. Después de una larga balacera entre el grupo y los soldados cae mi hermano muerto, en estos hechos también murió Severo Zasueta”, recuerda mientras muestra las imágenes de un libro en el que aparece parte de esta historia familiar. Luego vino octubre de 1975. Un grupo de guerrilleros planeó escapar de la vieja prisión de Lecumberri en el Distrito Federal y ahí perdió al segundo de los caídos. “Miguel, mi hermano, decidió irse por sí mismo ante el temor de ser torturado por los militares y agentes federales, se suicidó porque él sabía lo que había ocurrido con otros jóvenes”, relata. Pero la tragedia no terminaba aquí. En otro enfrentamiento con elementos federales un hermano más quedó desaparecido. Su nombre era Plutarco. Este hecho sucedió varios meses después. “Obviamente fue un golpe emocional para toda la familia, principalmente para mis padres y mis otros hermanos, pero la verdad era que sabíamos perfectamente que la lucha podría terminar así... ya nos habíamos hecho a la idea de lo que podría pasar”. Detenido y torturado Beto recuerda que él era uno de los líderes del movimiento estudiantil que surgió en apoyo al que se desarrollaba en el centro del país, particularmente en el Distrito Federal. Luego de la matanza del 2 de octubre y la persecución a líderes sociales que hubo después, Domínguez decidió tomar el camino de las armas. “Me uní al grupo guerrillero ‘Lacandones’ en los años setentas, ahí participé activamente con la idea de cambiar la historia de nuestro país”, dice. A más de treinta años de su ingreso a la guerrilla agrega que cada mañana había que enfrentarse a la idea de que posiblemente era el último día de su vida. Entonces el Ejército desarrollaba a través de inteligencia militar un amplio operativo de búsqueda no sólo del ‘Comando Urbano Lacandones’, sino del ‘Movimiento Revolucionario del Pueblo’, Partido de los Pobres’ y ‘Asociación Cívica Nacional Revolucionaria’, entre otros. Fue detenido junto a otros veinte miembros lacandones en noviembre de 1972 durante uno de estos operativos del gobierno federal. “Algunos salimos rápido de la prisión, como en un año, pero hubo otros que duraron más tiempo y que sufrieron más”. Eran presos de la vieja cárcel de Lecumberry. Un ‘palacio a la tortura y al trabajo esclavizante’. Asegura que fue torturado con una saña inimaginable durante la primera semana en la que fueron detenidos. Antes de ser llevados a Lecumberri fueron escondidos en cárceles clandestinas en donde agentes federales los sometieron a todo tipo de vejaciones con el fin de sacarles información. Pero no pudieron. Beto, igual que sus compañeros -recuerda- nunca se venció. Aunque le pasó la idea por la cabeza de morir en una de esas casas de seguridad, siempre tuvo la esperanza de que saldría con vida. Igual que otros cientos de casos de líderes guerrilleros y de organizaciones sociales no fue sometido a un proceso como lo marcan las leyes. “Había muchos castigos y trabajos forzados... en algunas crujías donde estuvo detenido mi hermano Miguel fue terrible. Ahí sí hubo de todo, escuchábamos los gritos de desesperación de algunos compañeros”. De acuerdo a Beto la tortura fue disminuyendo conforme pasaba el tiempo, pero insiste en que lo peor fue durante los primeros cinco meses de detención. En 1973 se unió a la Liga Comunista 23 de Septiembre, un movimiento guerrillero que tenía presencia en Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey y la ciudad de México. El nombre de dicha liga fue tomado de la fecha del ataque de un grupo de profesores liderados por Arturo Gámiz, al Cuartel Militar de Madera ocurrido el 23 de septiembre de 1965. Falta voluntad Domínguez tiene la impresión de que a los últimos gobiernos les falta voluntad para llegar al fondo del caso. Dice que la sociedad necesita saber qué ocurrió con decenas de mexicanos que participaron en la lucha estudiantil y en los grupos guerrilleros. Para Beto el ex presidente Luis Echeverría es un ejemplo de que no habrá justicia: “No ha sido castigado con la cárcel, los litigios han durado mucho y la verdad, como lo demuestran los hechos sólo ha sido sometido a un arresto domiciliario y eso no basta”. Otro ejemplo que pone es el caso de Nazar Haro, un personaje que desempeñó un papel fundamental en la lucha del gobierno-federal contra estos grupos. Era jefe de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Blanca. Quedó libre tras un breve arresto a finales del 2004. Dice que falta justicia, aunque acepta que durante las últimas fechas se ha sabido un poco más sobre lo que ocurrió el 2 de octubre y los años posteriores. '¿Dónde está mi mamá?' Alicia de los Ríos aún no sabe qué sucedió con su madre, detenida en el Distrito Federal hace 28 años por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia. Su padre, un guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre, murió en un enfrentamiento contra el Ejército mexicano el 16 de junio de 1976 en Culiacán, Sinaloa. “Mi mamá era de Chihuahua, ella formaba parte de la Liga y fue aprehendida en el DF el 5 de enero de 1965”, relata vía telefónica desde la capital del país. Alicia fue entregada por su madre a sus abuelitos maternos y registrada con el mismo nombre de quien hasta ahora se encuentra en calidad de desaparecida. Un día cuando tenía 8 años mientras hurgaba entre los cajones inició el encuentro con su historia. Entre recortes de periódicos y fotografías halló a quien era su madre natural y entonces vinieron las preguntas. ¿Dónde estaban sus papás?, ¿Por qué les tenía que suceder eso a ellos? Uno de sus primos -recuerda- le contó la verdad. Inmediatamente vino un colapso sentimental. ¿Cómo enfrentar algo así a esa edad?, se pregunta. “Me angustiaba la ausencia, había mucha incertidumbre, todos los días me preguntaba qué había ocurrido con mi madre”, relata. Alicia no hace pausas durante la llamada. Platica su caso como si se tratara de un desahogo, palabras, nombres, números, fechas. Todo a gran velocidad. “Cuando revisé los archivos de la nación, encontré su caso pero no especifica a dónde la llevaron. Los documentos estaban firmados” por el general García Paniagua”, explica. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre este caso, se obtuvieron del Centro de Investigación y Seguridad Nacional un documento escrito al entonces director federal de Seguridad con fecha del 1 de febrero de 1978, que no tiene nombre ni firma del emisor. En el texto se informa que agentes de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo director fue Javier García Paniagua de marzo de 1977 al 15 de agosto de 1978, sostuvieron dos enfrentamientos con miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre y entre los detenidos se encontraba Alicia de los Ríos Merino, alias Susana, responsable del llamado Comité Militar de la Liga. Como si fuera poco lo anterior, durante el ‘arresto’ Alicia se encontraba embarazada. De acuerdo a testigos dio a luz a una niña a finales de 1978, de la cual hasta la fecha se desconoce su paradero. ‘No hay voluntad’ Alicia va al grano cuando se le pregunta si tiene esperanzas en que el gobierno llegue a las entrañas de este asunto: “No hay voluntad del gobierno, no se quiere llegar al fondo de esto, el Ejército es el responsable directo de la tragedia”, acusa y asegura que la fiscalía especial no quiso investigar la escalada de mandos operativos. “Vamos a llevar mi caso ante la Comisión Interamericana a finales de este mes”, adelanta. La unión hace la fuerza Alicia nunca ha estado sola. Ha trabajado en el caso junto al Comité de Madres de Presos Políticos y Desaparecidos de Chihuahua, además del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC. (PRODH). También trata de saber qué ocurrió exactamente con otros personajes chihuahuenses como José de Jesús Corral, Luis Miguel y Salvador Corral García, Benito Espinoza, Lorenzo Soto Cervantes, Jorge Varela y Olga Navarro Fierro. De acuerdo a la investigadora Adela Cedillo, una historiadora que documenta los hechos del 2 de octubre de 1968, muchas de las víctimas de la Plaza Tlatelolco fueron incineradas en las chimeneas del Campo Militar Uno. “Las chimeneas estaban prendidas, por eso la lista oficial es sólo de 34 muertos, pero hubo muchos más”, asegura la especialista en una entrevista concedida ayer por la vía telefónica. Para Cedillo, al contrario de lo que han conversado algunos activistas, el Ejército no tuvo la culpa de lo que sucedió. “El verdadero culpable fue el ex presidente Echeverría, él se encargó de dar instrucciones diferenciadas a la Dirección de Seguridad Federal y a los militares. El Ejército no sabía que el Estado Mayor Presidencial tenía francotiradores en los edificios contiguos a la Plaza, por eso la reacción de los militares fue muy violenta, como se pudo apreciar en las autopsias, la mayoría murió por la bayoneta”, explica. Esa tarde después de una manifestación de miles de estudiantes, agentes de la DFS fueron los primeros en disparar contra la multitud, después de lo que se conoce como la ‘bengala de la orden’ que salió de un helicóptero que sobrevolaba la zona. Sobre la voluntad del gobierno para investigar los hechos dice que no hay tal y que hay pruebas sobradas de que todo está detenido. Pareciera que la Fiscalía creada por Fox -enfatiza- se hizo para perder todos los casos. Se hicieron mal las consignaciones para que todo quedara congelado y no hubo una verdadera disposición con base en el derecho internacional, al cual México está suscrito, dice la historiadora. Cabe resaltar que estos casos fueron consignados por el Ministerio Público como secuestro y no como desapariciones forzadas. Vuelos de la muerte Respecto a lo que sucedió después, a la guerra sucia contra movimientos sociales y armados en varias partes del país, asegura que muchos de los desaparecidos fueron tirados al mar. En su estudio Cedillo pudo documentar hace años los llamados ‘vuelos de la muerte’. Los resultados de las investigaciones arrojan que a principios de los años setentas un equipo de miliares de Argelia entrenó a soldados mexicanos para acabar con la insurgencia. “Mucha de la gente que era detenida, era tirada al mar, salían dos aviones con cadáveres cada semana, los militares les llamaban por clave ‘paquetes’, este método fue muy utilizado contra la guerrilla mexicana, por eso hay tanto desaparecido”. ‘Me sentí triste y muy confundida’ La de Alejandra Cartagena López es otra historia de terror sobre la ‘guerra sucia’. Su madre desapareció en 1978 junto con otros miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre y su padre murió dos años antes en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano el 11 de agosto de 1976. Tres de sus tíos y su abuela paterna son desaparecidos políticos, además de que su abuelo (también paterno) aparentemente fue ejecutado luego de una detención. Igual que decenas de familiares de víctimas de la represión de los gobiernos de los ex presidentes Díaz Ordaz y Echeverría, piensa que las autoridades actuales no han hecho mucho por esclarecer éste y otros casos similares. Radicada en Guadalajara, Jalisco, Alejandra habla con Norte sobre lo que sintió al enterarse sobre el destino de sus familiares: “Lo primero que sentí fue confusión, incertidumbre, tristeza... porque la gente no se desaparece sola, la desaparecen”, dice a través del teléfono desde la Perla Tapatía. A los ocho años tuvo la primera noción de lo que había ocurrido con su familia, pero a esa edad aún no comprendía exactamente cuál era su historia. Tuvieron que pasar otros ocho años. “A los 16 me enteré mejor y a los 26 realicé una investigación muy detallada sobre mi caso”, recuerda. Ahora Alejandra tiene 30 años y tiene un hijo. Eso le ha permitido reencontrarse y le ha dado fuerzas para continuar exigiendo justicia. “Con el nacimiento de mi hijo he revalorado mi vida, ahora quiero saber qué ocurrió exactamente con mi madre, por qué la desaparecieron y a dónde la llevaron”. El próximo año se cumplen 30 años de la desaparición de su madre y para eso tiene programado desde ahora diversos eventos y protestas, en las que participarían intelectuales como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Carlos Montemayor. Ahorita realiza, informa la activista, otra investigación sobre todo lo que se ha publicado en los libros sobre su caso y el de otros compañeros. w Antecedentes Su mamá era trabajadora de una maquiladora cuando fue invitada por una amiga a participar como miembro activo de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Motivada por la situación económica de sus compañeras, explica, decidió incorporarse al movimiento y entonces viajó a la ciudad de México en donde conoció al padre de Alejandra, David Jiménez Sarmiento, miembro de la Brigada Roja. Jiménez, recuerda con emoción Cartagena, era el responsable de elaborar el periódico clandestino ‘Madera’. “Mi padre murió en un tiroteo el 11 de agosto de 1976... para ese tiempo mi abuelo paterno ya era detenido desaparecido”, dice. Él fue arrestado (su abuelo) el 7 de mayo de 1975 y de acuerdo a documentación que ha recopilado, testimonios afirman en ese entonces que estaba en los calabozos de Tlatelolco y estaba muy golpeado. Cuando Alejandra nació, el 15 de enero de 1977, su abuela paterna cuidó de ella para evitar que algo le sucediera. Pero 5 meses después, mientras ‘Ale’ paseaba con su madre, fuerzas federales detuvieron a su abuela, sus tíos y varios de sus hermanos. Desde entonces ha sido presa de la incertidumbre. La astucia e instinto de madre, dice, le permitió escapar de la muerte varias veces. Un milagro que no puede explicar la llevó a tierra ‘chiva’, como dicen los amantes del futbol. Por eso Alejandra y por la ayuda de la familia Jiménez Galarza, que la ayudó a desarrollarse, puede contar esta historia. w Falta voluntad “Yo hasta ahorita no he visto que el gobierno de Felipe Calderón quiera llegar al fondo del asunto, porque la información que se tiene ahorita es que las desapariciones políticas continúan siendo una constante durante los últimos sexenios”, asegura Alejandra. Cartagena ha expresado en diversas publicaciones digitales e impresas su sentimiento. En una página web sobre la guerra sucia (www.nacidosdelatempestad.com) así resume su sentimiento en un párrafo: “Al desaparecer a nuestro familiar te cambian la vida, te dejan en una angustiosa desesperación, en un dolor que nada lo calma y que al pasar los años sólo sigue creciendo, es un grito desesperado por no saber nada, además te tienes que enfrentar a la incapacidad del Estado para dar respuesta a lo sucedido a nuestros familiares, respuesta que no será dada porque sabemos que son los mismos de hace 30 años en el poder, sólo que disfrazados de otro color y con otras máscaras”. Víctimas de la 'guerra sucia': ‘Fui un niño introvertido’ La familia de Ricardo Dorado prácticamente se formó dentro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Sus padres fueron asesinados el 9 de noviembre de 1977 en esta ciudad, irónicamente, como él recuerda, en la colonia Libertad. “Mi padre Carlos Javier Dorado López, alias Bruno, y mi mamá Marina Alejandra Herrera Flores, alias Verónica, están muertos, pero no olvidados”, clama Ricardo que se enteró de esta historia cuando tenía 19 años, precisamente dentro de la casa donde sus papás fueron acribillados por el Ejército Mexicano. “Ellos fueron localizados por el gobierno, igual no tengo información de cómo, excepto por un reporte de la policía y algunas historias urbanas, que ninguna de ellas tiene sentido, pero en fin...”, relata uno de los cientos de familiares de las víctimas de la guerra sucia. Lo que Ricardo ha logrado recapitular, dice, es que estaban a cargo de la producción de la publicación gratuita que llevaba por nombre Madera. Asegura que los detalles de su muerte han desaparecido por completo o que al menos los responsables han intentado hacerlo desde el crimen. “La primera vez que que yo supe que mis abuelos paternos eran mis padres adoptivos, fue cuando tenía seis años”, recuerda. Pero fue hasta que cumplió los diecinueve inviernos cuando se enteró más detalladamente de lo que había ocurrido con sus padres. A los seis años sólo fue como un comentario que se hizo en un juego callejero acerca de militares que llegaron a la casa donde yo vivía en ese momento y mataron a las personas que vivían ahí y expresamente que estas personas asesinadas eran mis padres”, asegura Ricardo, que dice que esto le resultó trágico pues la casa en donde vivía era la misma donde asesinaron a sus padres. “A los seis años sólo fue como un comentario que se hizo en un juego callejero acerca de militares que llegaron a la casa donde yo vivía en ese momento y mataron a las personas que vivían ahí y expresamente que estas personas asesinadas eran mis padres”, asegura Ricardo, que dice que esto le resultó trágico pues la casa en donde vivía era la misma donde asesinaron a sus padres. Como cualquier infante a los seis años al enterarse de algo así, sufrió, pero también sintió curiosidad. Hubo preguntas e incertidumbre que por algún tiempo no quiso despejar. “Como un niño de seis años sentí confusión y mucha, pero mucha curiosidad. Desafortunadamente, todo el mundo tomó la decisión de olvidar, frente a mí, lo que había pasado y se decidió ignorar el tema por los consiguientes años”, dice a Norte el hijo de los caídos Marina Alejandra y Carlos Javier. Le cambió la vida Ricardo fue un niño introvertido e inseguro. Tenía que esconder las emociones, a veces la tristeza, coraje, impotencia. “La interacción social con la que aprendí a vivir y a relacionarme, mientras crecía, dependía de mi capacidad de adaptación. Así que aprendí a adaptarme a cualquier medio y pasar desapercibidas mis emociones frente a las demás personas”, platica Ricardo Dorado tranquilo. Ya con más edad y sin tantas restricciones decidí conocer el motivo por el cual ellos entregaron sus vidas y comprender qué defendían. “Aparte de sus libertades básicas, eran las libertades de pensamiento y de expresión, un ideal, el derecho a la opinión política, cuestiones que aún hoy en día son cuestionables”, dice firme y agrega que la época en que sus padres vivieron, llevar una insignia del movimiento era motivo de persecución. Ahora es triste, insiste, ver cómo un adolescente porta abiertamente un emblema del ‘Che’ Guevara sin saber que hace 30 años era uno sujeto a ser asesinado. Recuerdo de esencia “A mis padres no los recuerdo físicamente, yo tenía un año y meses cuando esto sucedió y sólo he formado un recuerdo de la esencia de las personas que fueron”, asegura con cierta melancolía. Les guarda mucho respeto. Son parte fundamental, explica, de su vida ante situaciones conflictivas que el mundo ofrece. Ricardo es una persona sencilla. Responde sin problema a las preguntas y va más allá: “Me dedico a vivir mi vida en honor a mis padres, de una forma en que yo considero ellos estarían orgullosos de mí... aunque eso no lo podré saber nunca, a ciencia cierta... y vivo cerca de la memoria de mis padres, si ellos no abandonaron la lucha, ni aun viviendo en la incertidumbre de ser perseguidos y ser asesinados, no veo por qué deba huir”. ‘No investigarán’ Al igual que los familiares de la ‘guerra sucia’ que radican en Juárez y en otras partes del país, Ricardo asegura que el gobierno nunca llegará al fondo del caso. Y es tajante: “Por supuesto que no. Lo único que intenta el gobierno de Calderón es esconderse detrás de la publicidad que le puede brindar el mencionar el acto o la intención y con el respaldo de algunos pseudointelectuales. Pero ahorita ya hay otros tres desaparecidos”, finaliza quien dice que alguna vez la ciudadanía despertará de “la indiferencia política” con la que fue educada.

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