Estado

domingo, 20 abril 2008
Mucho ruido... magros resultados
Angel Zubía/Ricardo Espinoza
Chihuahua.- A más de 20 días del arranque del Operativo Conjunto Chihuahua y bajo grandes expectativas debido a la incontenible ola de violencia que azotaba a la entidad, sobretodo a Ciudad Juárez como a ningún otro de los 67 municipios, los resultados de la presencia de alrededor de 2 mil 500 elementos del Ejército y agentes federales, ha sido la disminución notable aunque no total de las ejecuciones, ni una sola detención de alto mando del crimen organizado, la rebelión de la Policía Municipal de Juárez ante la revisión realizada por el Ejército, además de los asesinatos de 6 supuestos narcotraficantes en la región sur del estado, concretamente en Parral y Matamoros.
La historia inicia el 27 de marzo pasado, con el anuncio hecho por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, de la realización del operativo para combatir al crimen organizado y la delincuencia en el estado.
Así, el Gobierno federal envió 2 mil 026 soldados y 425 agentes federales y ministerios públicos del fuero federal, equipados con 180 vehículos tácticos militares, 3 aeronaves y 13 equipos de detección molecular.
“Confiamos en que con este operativo se den resultados positivos que puedan transformar y regresar la seguridad de los chihuahuenses, que el crimen organizado les arrancó a raíz de las acciones que el gobierno federal emprende en su contra”, dijo el secretario de Gobernación.
Otro objetivo de la Operación Conjunta Chihuahua es el de depurar los cuerpos policiacos, infiltrados por el crimen organizado.

Municipales, los primeros detenidos. Ministeriales, el oso
A los primeros días de la operación de elementos del Ejército en las calles de Ciudad Juárez, los resultados llamaron la atención: los sujetos arrestados con droga eran policías municipales.
En tres operativos realizados por distintos sectores de la ciudad, fueron detenidos y luego ejercitada acción penal por la comisión del delito de posesión agravada de mariguana, los policías Joaquín Ortiz Ramírez, Andrea García Madera, Juan Manuel Rodríguez Ceballos, Francisco Ponce Rodríguez, José Luis Soto Rutiaga y Rosa Isela Téllez Martínez, a quienes se sorprendió transportando mariguana en sus patrullas.
La droga superaba en conjunto los dos kilos.
El resultado es conocido. No fue posible acreditar la totalidad de los delitos que se les imputaba, únicamente el de transportación de droga, con lo que alcanzaron la libertad bajo fianza, misma que se pagó con recursos del erario público municipal y por instrucciones directas del alcalde José Reyes Ferriz.
Los patrullajes del Ejército dieron como resultado también la detención de supuestos narcotraficantes.
De acuerdo con los reportes oficiales, el 30 de marzo en la calle Fresno, del fraccionamiento Hacienda del Nogal, fueron detenidos Adrián López Hernández, Saúl López Hernández y Ana Luisa Sentíes Lucio, a bordo de un vehículo Grand Cherokee, donde transportaban 6.8 kilos de mariguana, además de armas de fuego como una pistola escuadra, una subametralladora, una AK-47, cartuchos de diferentes calibres y uniformes falsos de agentes de policías, entre otras cosas.
También se cuentan en la lista de detenidos Jesús Omar Rodríguez García, Samuel Sánchez Aragón, Noé Abraham Dávila Lima y Miguel Antonio Rodríguez García, detenidos con cocaína y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, en las calles Cártamo y Limón, en la colonia El Granjero.
En las calles Barranco azul y Tecnológico fueron detenidos los policías municipales Domingo Elizalde Ramírez, Gerardo Gurrola Espinoza y Arturo Román Cruz, acusados de los delitos de posesión de cocaína y mariguana con fines de comercio.
De acuerdo con el reporte emitido en su momento, los policías fueron detenidos cuando seguían a la unidad donde se transportaban los soldados.
Estos agentes transportaban en la patrulla 509, 506 gramos de mariguana y 56.6 gramos de cocaína.
Sin duda, el hecho que más acaparó la atención de la población fue la captura de 28 elementos de las fuerzas de seguridad pública estatal, 21 agentes de la Policía Ministerial y 7 de la Cipol.
La maniobra del Ejército fue considerada como una trampa, pues los agentes locales fueron citados para la realización de exámenes, con base en una lista preconcebida por los jefes militares, privados de su libertad sin ningún motivo legal y luego liberados por partes, sin la menor explicación y tras la protesta de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. A la fecha, los policías detenidos se encuentran reinstalados en sus cargos sin que haya denuncia formal en contra de los militares que los detuvieron.
Otro incidente de resaltar, es la renuncia de 12 policías municipales de Villa Ahumada, tras la detención de otros 3 por supuestos vínculos al Cártel de Juárez y a quienes se sorprendió resguardando la casa de un presunto narcotraficante.
Ante las detenciones de policías municipales y con el miedo de ser detenidos por elementos de Ejército, las protestas de los agentes del orden comenzaron, llegaron a parar labores y se resistieron a las revisiones a que eran sometidos por parte de los militares.
Dentro de este ambiente creciente de tensión, ocurre el enfrentamiento a balazos entre policías municipales y soldados, hechos registrados en las calles Gómez Morín y Francisco Villarreal, el saldo: un policía municipal herido en la cabeza por disparo de arma de fuego.
Ambos bandos dijeron haber sido las víctimas del enfrentamiento.
Con la presencia del Ejército primordialmente en Juárez y en Chihuahua, la tarde del sábado 5 y la madruga del domingo 6 de abril, en los poblados sureños de Parral y Villa Matamoros, presuntos narcotraficantes de Chihuahua y Durango se enfrentan, con un saldo de seis supuestos delincuentes muertos.
Entre las víctimas del ajuste de cuentas entre miembros del llamado crimen organizado, se encontraban Mario Alerto Tarín Nevárez, Gerardo Gallegos Rodelo, Francisco Barrón Muñoz, una persona no identificada y el reporte de heridos señalaba a Arturo Ceniceros Cierra y/o Sergio Barraza.
La muerte de Gerardo Gallegos Rodelo, originó que el 10 de abril, el Ejército realizará un operativo y durante su sepelio realizado en Villa Ahumada, fuera detenido Adrián Barrón, subdirector de la Policía Municipal de Villa Ahumada, junto con otras 30 personas más, por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

Las reacciones
Diferentes reacciones ha levantado la Operación Conjunta Chihuahua, como la del gobernador del estado norteamericano de Nuevo México, Bill Richardson, quien destacó que estas acciones serán para “restaurar la ley y la seguridad en toda la región fronteriza”.
Al respaldar las acciones del presidente Felipe Calderón, Richardson dijo, “doy la bienvenida a esta fuerte y decisiva acción del gobierno del presidente Felipe Calderón”.
Por parte del Gobierno estatal, el jefe del Ejecutivo, José Reyes Baeza Terrazas, dijo en un principio, cuando toda la incidencia del operativo se concentraba en Juárez, que “la prioridad es cubrir Juárez, Janos, todo el Valle de Juárez, Villa Ahumada y Ojinaga”.

Luego Chihuahua y el resto de la entidad
Tras las ejecuciones registradas en Parral y Villa Matamoros, el Ejecutivo estatal se manifestaría por ampliar la cobertura del operativo al sur del Estado.
“Todos estamos jalando en el mismo barco y para el mismo rumbo”, diría después el secretario de Gobierno, Sergio Granados Pineda.
José Reyes Ferriz, presidente municipal de Juárez, ha manifestado en varias ocasiones su respaldo al Ejército mexicano, además de pedir a la ciudadanía confiar en las fuerzas armadas, a la vez de solicitar la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tener las garantías de respeto a las garantías individuales.
Al igual que líderes empresariales, partido políticos y diputados del PRI, PAN y PANAL, han manifestado públicamente su respaldo a la presencia del Ejército en el Estado como una forma de contener la alta incidencia de violencia, además de ser la respuesta del gobierno del presidente Felipe Calderón a la demanda ciudadana de paz y tranquilidad en su comunidad.
La voz discordante fue del diputado local perredista, Víctor Quintana Silveyra, quien reclamó el abuso a la población civil por parte de los elementos del Ejército, además de que reiteradamente ha señalado que las fuerzas armadas, no tienen facultades constitucionales para combatir a la delincuencia organizada.
Además, de acuerdo a datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, existen cerca de 23 quejas interpuestas contra el Ejército, la Policía Federal Preventiva y la SIEDO, por violación a las garantías individuales durante los operativos realizados.
Aunado a lo anterior, está la alerta que hiciera Antonio Garza, el embajador norteamericano en nuestro país, a sus connacionales sobre el incremento de la violencia en la zona fronteriza de México y los riesgos que pueden enfrenar al visitarla.

Ampliación del Operativo, sin impacto
Las actividades de las fuerzas del Ejército mexicano y la PFP, apoyadas por la Cipol estatal y en menor incidencia de la Policía Municipal, continúan y se han extendido con mayor intensidad a la capital del Estado, donde los resultados alcanzados son únicamente de pequeños puchadores remitidos.
Desde un inicio no se marcó el final del operativo, por lo que podría esperarse que sea el éxito del operativo, enmarcado en la tranquilidad de la población, lo que marque el fin.
Sólo un indicativo claro hay al respecto, lo dicho por el general Jorge Juárez Loera, comandante de la región militar, quien tras una reunión con el gobernador y empresarios de Chihuahua afirmara que el Ejército no se irá, que aquí permanecerá cumpliendo con la tarea encomendada.
&ique