|
Antonio Flores Schroeder
En el escabroso tema sobre la municipalización de la JMAS las autoridades no pueden actuar peor. Primero fue el atraco legislativo y ahora la burla de Gobierno del Estado que pretende una vez más mentirle a los juarenses.
Nos referimos a la campaña de publicidad que se emprendió esta semana en los medios de comunicación locales.
En la edición de ayer sábado, apareció publicada en Norte, en la página 10B de la sección La Ciudad, una publicidad a todo color que dice lo siguiente:
¿Sabías que... Las decisiones de la JMAS se toman en Juárez, por gente de Juárez que integran el Consejo Directivo, órgano rector de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento?
En el desplegado aparecen personalidades que nunca se pondrían en contra de los intereses políticos del Estado, y que por eso, es casi imposible que vean por el bien de esta ciudad.
Primero, Daniel Murguía Lardizábal, como representante de la Cámara Nacional de Comercio. Es hermano del precandidato a la gubernatura por Chihuahua, Héctor Murguía.
Luego aparece el ingeniero Joaquín Macías Delgado, representante de CMIC. Es hermano de Jesús Macías, representante del gobernador en Juárez.
Los siguen Armando Olivas Ramírez, representante de Canacintra y luego Enrique Álvarez C., representante de Canapru. Todos tienen intereses políticos.
La publicidad cierra con los logotipos de Gobierno del Estado, la JMAS y el sello de la campaña para no permitir la municipalización: 100 años dando de beber a Juárez! Siempre ha sido... y siempre será de Juárez.
¿Por qué no iniciar una campaña para entregar de forma gratuita la JMAS? La respuesta es muy sencilla, porque la Junta representa al igual que Transporte, un botín político para el gobernador en turno.
Habría que recordar, lector, lectora, que desde 1943, los recursos millonarios que genera la Junta Municipal de Agua y Saneamiento son utilizados en otras ciudades y para reforzar la Junta Central y no para abatir las carencias de infraestructura de agua y drenaje que existen aquí.o para allegar recursos a proyectos políticos electorales.
Por eso los llamados diputados traicioneros Jesús José Díaz Monárrez (PRI), Antonio Andreu Rodríguez (PRI), Juan Manuel de Santiago Moreno (PRI), Irma Patricia Alamillo Calvillo (Nueva Alianza), Héctor Arcelús Pérez (PRI), Jorge Alberto Gutiérrez Casas (PRI) y María Ávila Serna (PVEM), aprobaron con trampa y maña la Ley de Transferencia de Funciones y Servicios Públicos Municipales que regirá el traslado de la JMAS a Juárez.
La Ley que aprobaron condiciona el pago de millonarios activos de la JMAS para que pase a manos del Municipio.
Pero es una ilegalidad. Lo hicieron a sabiendas que la Junta es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo a lo establecido en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, por lo que los bienes con los que cuenta para la prestación del servicio como infraestructura son de su propiedad.
La actuación del Poder Ejecutivo y de los legisladores recuerdan que es muy diferente el discurso a la realidad.
Es muy fácil prometer en las campañas electorales que ahora sí va a haber apoyo a Juárez, pero una vez que se arriba al poder, todo cambia.
Con esta campaña publicitaria promovida por el gobierno estatal y pagada seguramente por la JUNTA MUNICIPAL se confirma que el gobernador José Reyes Baeza no tiene intención ni voluntad de hacerle honor a su palabra.
De lo contrario no estaría tirando a la basura el dinero de los contribuyentes en ese tipo de campañas innecesarias.
|
|
|